Por: Francisco A. Tavarez V
: La política social en la Republica Dominicana tiene la impronta inconfundible del asistencialismo en su más firme expresión cuya presencia deviene de prácticas clientelistas de los gobiernos encargados de asumir el control del estado en los últimos 48 años. No es sorprende ni para nada azuza el asombro que ante un marcado crecimiento de la capacidad productiva del país, según el PNUD en su estudio se ha duplicado 12 veces su valor de 1960 y cuyo promedio porcentual de crecimiento del PIB durante ese periodo se sitúo en 5.4% como promedio anual, la Republica Dominicana no obstante eso, hoy pueda exhibir resultados muy por debajo del potencial en términos de logros en indicadores que reflejan la eficiencia y eficacia de la política social implementada. Para poner un solo ejemplo, en los sectores dinamizadores de la calidad de vida y creación de capital humano, como es el caso de la educación y la salud, en las prioridades de los gobiernos habidos desde 1966, estos no han asumido su papel de catalizadores del desarrollo, y de activos impulsores de la productividad. Se transgrede consuetudinariamente lo estipulado por la Ley General de Educación, en lo concerniente a la asignación del 4% del PIB, y en cuanto a la partida para salud se ejecuta con relación al PIB márgenes deprimentes que poco ayudan al fortalecimiento de los resultados sanitarios del país, teniendo la población que cargar con un servicio que en lugar de ser garantía constitucional de todo ciudadano se convierte en un pesado fardo que erosiona el poder adquisitivo real de los y las dominicanos. Tenemos un sistema político que se alimenta del “dao” fruto del clientelismo para asegurar los niveles de adherencia y afiliación política de los sectores que viven en situaciones precarias, constituyendo esta situación el caldo de cultivo de una política social carente de efectividad y orientada a mantener en situación de dependencia social, económica y política a esa gran masa de dominicanos y dominicanas que hoy se sitúan dentro de la franja de pobreza que desde ya bordea un patético 46% de la población total de la Republica Dominicana. Una política social efectiva va de la mano de la creación de capacidades y libertades que pudieran marginar a los segmentos de población por debajo de la franja de pobreza, de esta miserable condición, tal como acertadamente lo ha establecido el PNUD en su estudio Políticas Social: Capacidades y Derechos. La dotación de servicios públicos adecuados y con altos niveles de calidad eliminarían las barreras de la desigualdad en que vive la nación, renglón dentro del cual nos sitúan como uno de los países donde la concentración del ingreso es mayor. Lo que ha quedado evidente es que no se ha aprovechado para beneficio de los más necesitados, el crecimiento productivo del país, adoptándose un modelo que privilegia a sectores económicos orientados a la demanda externa y vulnerable a los padecimientos de la economía de unos cuantos países desarrollados. Este modelo económico no ha sido capaz de simultáneamente al crecimiento exhibido y en consecuencia, generar los niveles de empleo que garantice unos salarios reales adecuados que contribuya a la mejoría de las condiciones de vida de la población. Esto ha traído como corolario una serie de taras sociales que impiden la cohesión social, haciendo de la convivencia social y de la misma estabilidad social un asunto difícil de alcanzar, con todas los resultados colaterales dañinos para la seguridad ciudadana que ello acarrea. Una política social que enfrente los niveles de pobreza debe estar orientada a crear las condiciones necesarias mínimas de vida, mediante la provisión de servicios sociales de calidad que extienda sus efectos positivos a esa población marginada y vedada al desarrollo social. Sin el fomento de una efectiva política social que remueva el andamiaje de practicas ancestrales clientelistas y paternalistas no podemos llegar a ningún puerto seguro en materia de desarrollo social, por el contrario, correremos el riesgo de reciclar un régimen político social que se alimenta de las necesidades creadas por una profunda deuda social generada por los malos gobiernos que hemos tenido que no han avizorado este mecanismo de nivelación social como una herramienta efectiva de redención social, sino como un instrumento de cooptación y contención social favorable a sus propósitos políticos y demás intereses espurios y mezquinos. Las transferencias condicionadas, cual es el método actual de implementación de la asistencia social, se apoya mas en las transferencias que en la condicionalidad que deriva de esta, en virtud de que no existe una fiscalización adecuada que permita al gobierno dar seguimiento a los deberes de los beneficiarios de la ayuda al momento de suscribirse en el programa social. Esto trae consigo falencias que disminuyen el cumplimiento de los objetivos del programa asistencial y el retardo de la acometida final a la pobreza. En lugar de enfocarse en cuestiones de relacionamiento con el poder, la política social debe considerarse como un elemento vinculado a un asunto de derecho donde todos y todas tengamos las mismas posibilidades de disfrutar de sus alcances y beneficios, donde la inversión publica busque la vía de solución de injusticias sociales y no de caprichos de políticos de turno.
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